Reminiscencias del pasado sobreviven y lo
que es peor son alimentadas por un gobierno más preocupado en silenciar
las quejas de las personas que quieren ser escuchadas, que por intentar
resolverlas.
La nueva “Ley Mordaza”, en
términos más suaves “Ley de la
Seguridad Ciudadana del PP”, no
deja de ser la excusa para prohibir el derecho a manifestarse que tiene
la ciudadanía, algo impropio de un país democrático.
¿Cómo puede imponerse la palabra de un
policía antidisturbios (con todos mis respetos) frente a la de un juez?
Pues la opinión del policía es suficiente para ser multada una persona hasta
con 30.000 euros. Por grabar, fotografiar a un policía o evitar un
desahucio vas a la cárcel sin juicio alguno y esto contrasta con la defensa —en
muchos casos costeada por todos— a eternos imputados, personajes corruptos y
corruptores de la vida pública que han robado a manos llena sin devolver un
euro.
La desfachatez es mayor en tan ¿fascista
ley? al dejar como única salida la apelación a través del recurso común;
eso sí, los gastos que conlleve dicho recurso, a cuenta del osado
manifestante.
¿A qué viene tanta dureza en un
estado cuando el 99%, de las decenas de manifestaciones y miles de ciudadanos
manifestantes que a diario salen a las calles de pueblos y ciudades son
pacificas y sin altercados? Ni siquiera el propio sindicato de policía está de
acuerdo en tenerlas que cumplir.
Ampararse en la actitud de algún
desalmado, no puede penalizar a todas esas gentes que solo desean ser
escuchadas por un gobierno que hace oídos sordos
Daniel Gallardo Marín