¿Hasta cuándo tendremos que soportar la arrogancia y las
mentiras de quienes nos (des)gobiernan? La legión de corruptos y corruptas que
invaden la esfera pública es difícil de asumir, pero además nos mienten, a
partir de un pacto perverso que da por sentado que sabemos que nos mienten y
que quien nos miente lo sabe. Y no pasa nada, o pasa demasiado poco.
Utilizar la mentira como instrumento del poder para
justificar políticas nefastas que sacien intereses de los círculos de allegados
es inadmisible. Envenenar a la sociedad con falsedades con las que crean sus
mundos interesados que el resto nos tenemos que “tragar” como si fuéramos idiotas,
también. ¿Qué nos queda? Como mínimo, reaccionar en todos los ámbitos de la vida
para que esta tropa no acabe con todo.
Una de esas grandes mentiras de mayor actualidad es la de
que la Universidad española —incluida la Universidad de Zaragoza, única
universidad pública de Aragón— cuenta con las tasas más bajas y con más y
mejores becas de la Unión Europea. ¿Cómo no se van a convocar movilizaciones
para reaccionar ante las políticas de desmantelamiento de la universidad
pública y las mentiras que difunden para justificarlas?
Para lo que hay, nos quejamos poco y toleramos demasiado,
porque eso es falso. Nuestras hijas e hijos pagan una tasas universitarias
fuera de España que son irrisorias comparadas con las que se pagan aquí, y
tienen más beneficios para su formación y su desarrollo profesional que los que
encuentran aquí, donde la política de becas es cada vez más restrictiva e
insuficiente. Y éstas sí que son verdades constatables, como lo es el
encarecimiento de la vida con la implantación del euro o la aplicación del Plan
Bolonia, cuyo coste hasta el momento se ha imputando directa e indirectamente a
las familias.
Desde el entorno del ministro Wert, el PP insiste
machaconamente en que el acceso a la educación superior español es de los más
igualitarios y equitativos. Aquí, en Aragón, Luisa Fernanda Rudi y su equipo siguen
esa hoja de ruta, mienten y centran su discurso en constantes acusaciones
contra la universidad pública y su comunidad universitaria. ¿Cómo no entender
la huelga de estudiantes del 26 de febrero, y todas las movilizaciones que
lleguen, ante un enemigo de dimensiones apabullantes que solo las urnas y un
compromiso ciudadano cotidiano pueden desestabilizar?
Si reblamos, se nos comerán. Tenemos una gran
responsabilidad individual y colectiva para seguir reivindicando aquello que creemos
justo y para no legitimar los destrozos que se están perpetrando contra la
justicia social, la calidad de los servicios públicos y hasta contra la
inteligencia. Y no hay que perder la ocasión de hacerlo.
Hace un par de años, un grupo de licenciadas y licenciados
universitarios decidieron no saludar al ministro Wert durante el acto de
entrega de los Premios Fin de Carrera en protesta por los recortes, la
disminución de becas y el aumento de tasas, así como en defensa de la educación
pública. Hubo medios de comunicación que manipularon cínicamente la circunstancia,
convirtiéndola en un caso de buenos o malos modales. Y hubo un sector de la
sociedad que suscribió esa interpretación, cuando de lo que se trataba era de
la dignidad de un grupo de jóvenes excelentes en el estudio que nos dieron una
gran lección, plenamente conscientes de lo que se está jugando nuestra sociedad
y del riesgo para su propio futuro.
Ahora, ¿qué es lo importante? ¿La duración de los estudios
de Grado y Master? El problema no es tanto de carácter cuantitativo como
cualitativo y concierne a la educación y a la formación, a los planes de
estudio, a la financiación de la universidad y al propio modelo de universidad
que queremos tener. El modelo elitista del PP, coherente con el tipo de
sociedad que plantean, está más cerca de un reino bananero que de otra cosa y
esto también afecta a la dignidad ciudadana, como nos recordaron aquellos
jóvenes que, con su gesto, sacaron los colores al Gobierno.
Ha habido otros casos en los últimos tiempos. Javier Marías
rechazó el Premio Nacional de Narrativa 2012 por ser un “galardón
institucional, oficial y estatal, otorgado por el Ministerio de Cultura". Jordi
Savall renunció al Premio Nacional de Música 2014 por estimar que procedía de
un Gobierno responsable del "desinterés y la incompetencia" en la
defensa del arte y de "menospreciar a la inmensa mayoría de músicos”. Isabel
Steva Hernández, "Colita", rechazó asimismo el Premio Nacional de
Fotografía 2014, por no ver consecuente aceptarlo de un Gobierno que representaba
lo mismo contra lo que siempre ha luchado.
Y, sin embargo, en un país con tantas tragaderas, estos
ejemplos no dejan de ser una excepción.
Nieves Ibeas Vuelta