Aragón ha aprobado una Ley en las Cortes de Aragón a favor de la prevención de la corrupción política, que recibió los votos de PSOE, CHA, Podemos e IU. Curiosamente NO la apoyaron ni el PP ni Ciudadanos. Se buscaba la transparencia en la actividad política, crear una agencia de integridad y ética pública, controlar a los Grupos de Presión o Lobbies, y facilitar las denuncias contra las prácticas irregulares de los empleados públicos.
Estas normas afectan a los miembros del Gobierno de ARagón, a los altos cargos del Ejecutivo, de las empresas públicas aragonesas, a los delegados territoriales de todas ellas, a las entidades mercantiles públicas, a los directores y gerentes de fundaciones y consorcios públicos, a los directores y gerentes de las Consejerías y a los Diputados en Cortes. También a la oficina del Justicia y sus asesores, y a las entidades que realizan trabajos de presión política.
Pero el PP y Ciudadanos entendieron que no debían apoyar esta Ley. Ellos sabrán los motivos.