28.12.15

Decreto-Ley con Medidas Urgentes de Emergencia Social, en Aragón

La elaboración de un Decreto-Ley con Medidas Urgentes de Emergencia Social en materia de prestaciones económicas de carácter social, la pobreza energética y el acceso a la vivienda, coordinada por los Departamentos de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda y Ciudadanía y Derechos Sociales, surge de la clara toma de posición del Gobierno de Aragón ante la delicada situación de emergencia social que atraviesa una parte importante de la sociedad aragonesa, que no está logrando cubrir las necesidades de vivienda, y poder afrontar gastos imprescindibles en cuanto a los suministros básicos, lo que ha conducido a un número importante de ciudadanos a una situación de precariedad e imposibilidad de vivir con un mínimo de dignidad y de calidad de vida.

Aragón dentro de este contexto necesita resolver la actual situación de emergencia habitacional, por la que muchas personas han entrado en un estado de vulnerabilidad o exclusión social. Partiendo en la mayoría de los casos de situaciones de normalidad, se han visto inmersos en situaciones sobrevenidas que han hecho su existencia personal y familiar socialmente muy complicada.

Los casos de desahucios, con la consiguiente pérdida de las viviendas, del hogar, no solo se dan en los procesos de ejecuciones hipotecarias, es decir, ante la falta de pago de los préstamos hipotecarios, sino cada vez más, en los casos de alquiler, pues van aumentando de manera exponencial las personas que no pueden pagar el alquiler al prolongarse su situación de desempleo y pobreza, lo que hace más compleja la solución, al tratarse de particulares los afectados por el impago. Resulta también alarmante el crecimiento de la pobreza energética, la dificultad de las familias para afrontar las facturas de los suministros básicos de electricidad, gas y agua. Los estudios realizados sitúan aproximadamente en 6.000 hogares aragoneses en situación de vulnerabilidad energética.
 
Los Acuerdos Internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos o el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y por ello los gobiernos, no pueden dar la espalda a esta realidad. Y por ello se exigía una inmediata respuesta del Gobierno de Aragón a fin de  hacer efectivos los derechos proclamados, tanto por la Constitución Española, como por el Estatuto de Autonomía de Aragón y demás leyes y acuerdos internacionales.
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