La elaboración de un Decreto-Ley con Medidas Urgentes de Emergencia Social
en materia de prestaciones económicas de carácter social, la pobreza energética
y el acceso a la vivienda, coordinada por los Departamentos de Vertebración del
Territorio, Movilidad y Vivienda y Ciudadanía y Derechos Sociales, surge de la clara toma de posición del
Gobierno de Aragón ante la delicada situación de emergencia social que
atraviesa una parte importante de la sociedad aragonesa, que no está
logrando cubrir las necesidades de vivienda, y poder afrontar gastos imprescindibles
en cuanto a los suministros básicos, lo que ha conducido a un número importante
de ciudadanos a una situación de precariedad e imposibilidad de vivir con un
mínimo de dignidad y de calidad de vida.
Aragón dentro de este contexto necesita resolver la actual situación de emergencia habitacional, por la que
muchas personas han entrado en un estado de vulnerabilidad o exclusión social. Partiendo
en la mayoría de los casos de situaciones de normalidad, se han visto inmersos
en situaciones sobrevenidas que han hecho su existencia personal y familiar
socialmente muy complicada.
Los casos de desahucios, con la consiguiente pérdida de las viviendas,
del hogar, no solo se dan en los procesos de ejecuciones hipotecarias, es decir, ante la falta de pago de los
préstamos hipotecarios, sino cada vez
más, en los casos de alquiler, pues van aumentando de manera exponencial
las personas que no pueden pagar el alquiler al prolongarse su situación de
desempleo y pobreza, lo que hace más compleja la solución, al tratarse de
particulares los afectados por el impago. Resulta también alarmante el
crecimiento de la pobreza energética,
la dificultad de las familias para afrontar las facturas de los suministros
básicos de electricidad, gas y agua. Los estudios realizados sitúan
aproximadamente en 6.000 hogares aragoneses en situación de vulnerabilidad
energética.
Los Acuerdos Internacionales,
como la Declaración Universal de los Derechos Humanos o el Pacto Internacional
de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y por ello los gobiernos, no
pueden dar la espalda a esta realidad. Y por ello se exigía una inmediata respuesta del Gobierno de Aragón
a fin de hacer efectivos los derechos
proclamados, tanto por la Constitución Española, como por el Estatuto de
Autonomía de Aragón y demás leyes y acuerdos internacionales.