¿Cómo se puede prestar apoyo, ni siquiera condicionado, a la regresión
más grave producida en cuarenta años en materia de derecho penal en el Estado
español?
No existe justificación alguna
para que un gobierno democrático y en un Estado con una concepción garantista
del procedimiento criminal (consecuencia directa de años sin garantías
jurídicas en los procesos penales, sobre todo los vinculados a “infracciones”
sociopolíticas), apruebe en pleno Siglo XXI la implantación de la cadena perpetua para determinados delitos.
El mandato recogido en la propia
Constitución (Art. 25.2 "La penas privativas de libertad y las
medidas de seguridad estarán orientada hacia la reeducación y reinserción
social…"), es claramente contrario a tal supuesto y, con la excusa de unos hechos injustificables y condenados
por todos, el PP cuela de rondón y con el apoyo del ingenuo, o no tanto,
Jefe de la Oposición provisional, a la sazón líder de un PSOE en descomposición, dicha
condena.
En un Estado en donde la
criminalidad tiene uno de los índices más bajos de todos los países de nuestro
entorno, la autoritaria derecha gobernante no ceja en su empeño de
promover leyes represoras y, en este caso concreto, establecer una
condena inútil e inhumana que, en ningún caso va a cumplir la función reeducadora y reinsertadora
señalada en la Norma Suprema.
Hablar de cadena perpetua como respuesta a los atentados yihadistas de Paris,
si no fuera por lo serio que es el tema, nos puede sonar a chiste malo. ¿Qué efecto puede tener dicha condena ante
elementos terroristas para los que su
ideal de vida es su propia muerte? A
no ser que el objetivo sea otro más espurio e inconfesable o simplemente sea
una pose ante la población ávida de inconsciente instinto de revancha.
La verdadera eficacia en este
terreno se encuentra actuando desde los países occidentales con otra
mentalidad hacia los países de origen y, como eso vemos que nuestros
mandatarios no son capaces de hacerlo, habrá
que aumentar la inversión en prevención, dotando de medios materiales y humanos
a los investigadores y a la propia Administración de Justicia, no legislando
al dictado de los hechos, los sentimientos o por la imposición de instancias
externas.
Ante tan bárbaro desatino, más propio de sociedades cobardes y enfermas, que de sociedades
civilizadas y modernas, un PSOE desnortado vuelve a dar cobertura a un
gobierno que en pocos días puede estar entre las cuerdas y que está intentando
en todos los ámbitos ir dejando las cosas atadas y bien atadas. Ellos
sabrán, pero así no me extraña que sus militantes vayan llamando a las puertas
de otros partidos.
¿Acaso el Sr. Sánchez ha recibido
alguna carta como su conmilitón Sr. Zapatero en 2010, que le ha obligado
a firmar semejante fiasco? ¿Cuál ha sido la contrapartida? Pues que sea
transparente e informe a la ciudadanía. También podía haber solicitado opinión
a su sabia y digna militancia y seguramente hubiera tenido que optar por
dimitir.
Quizás a alguien tan poco
informado como un servidor, se le escape algo en todo este teatro del
absurdo en el que se está convirtiendo la política palaciega de los que
de verdad deciden, ya que de lo contrario, la actuación del PSOE es,
digamos, extraña y, en todo caso, suicida, pero, ya digo, ellos sabrán…
Antonio Angulo Borque