En el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza del viernes el PP
apoyó al PSOE para negar el cese de los tres concejales implicados
presuntamente en el Caso PLAZA.
Era una petición que solicitaban CHA e IU para
igualarla con la que en su día se tomó con el caso Becerril, que como muy bien
explicó el Alcalde, lleva 5 años en espera de sentencia pero se cometió el
error político de cesar al concejal con urgencia, la misma urgencia que no se
toma nunca la Justicia.
Yo no creo que deban dimitir los concejales por una
imputación y menos si esta no es todavía formal y definitiva. Y me explico.
Un imputado no es un condenado ni de lejos. A veces un
imputado es un acusado al que se le facilita su defensa para que acuda con
abogado, imputándole, algo que no pueden hacer los testigos. A veces un testigo
es tan culpable o inocente como algunos impuestos, y la línea que los separa
puede ser muy débil. Un acusado depende muchas veces de circunstancias que debe
aclarar en el juicio o incluso en sus declaraciones como imputado.
Todos los impuestos tienen la presunción de inocencia TOTAL. Más si todavía no sabemos con detalle de qué se les imputa.
Dicho esto es lógico esperar a la imputación formal, para
saber de qué se les acusa y en qué se basan dichas acusaciones. Esto no es
apoyarse dentro de “una casta” de tramposos que se van tapando entre ellos,
cuando algunos pueden pensar, es simplemente no saltarse los derechos que les
amparan a las personas. De hecho hay decenas de casos en los que se imputa a
todo un grupo de personas en el mundo de la empresa o de la política, para
después discernir quien de todos ellos tuvo responsabilidad y quien no la tuvo, y no se debe
condenar civilmente a los imputados antes de que lo haga formalmente la
justicia o los presuntos hechos que se publican en la orden de imputación, pero
no antes.
Y por si hay duda, que espero que no, contra la corrupción política
absolutamente ningún miramiento. Contra nadie. Pero sin caer en la tontería de
ser más papistas que el Papa.