El Consejo del Gobierno de Aragón ha aprobado el Proyecto de Ley de Renta Social Básica (RSB) con el objetivo de garantizar una cuantía económica a aquellas personas con carencia de patrimonio y con ingresos insuficientes o nulos para poder cubrir sus necesidades mínimas con esta Renta Social. El proyecto será remitido de inmediato a las Cortes de Aragón y se espera que entre en vigor antes de que finalice el año 2016.
El proyecto establece dos modalidades de Renta Social Básica: la complementaria y la de inclusión y protección social, en función de la procedencia de los ingresos de la unidad de convivencia. “El Proyecto ha sido objeto de un amplio proceso participativo y supone cumplir con un compromiso de Gobierno. Se trata de una cuestión básica, subjetiva y de ciudadanía y consiste en dotar a la persona de unos mínimos recursos para vivir con dignidad”, indicó la consejera de Ciudadanía y Servicios Sociales, María Victoria Broto.
La Renta Social Básica sustituirá al Ingreso Aragonés de Inserción (que atiende en estos momentos en torno a 6.600 familias) y a las Ayudas de Integración Familiar. Según los cálculos iniciales, la RSB podría llegar a atender a unos 14.000 hogares. Se trata, en todo caso, de responder a una realidad social y económica muy distinta a la que se daba cuando fue puesto en marcha el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), hace ahora 25 años. Miles de personas, como consecuencia de la crisis económica, han sido expulsadas del mercado de trabajo y, al no ser atendidas por el IAI, quedaron completamente desprotegidas. “La idea es avanzar en una sociedad más solidaria con los más débiles, acabar con la pobreza infantil y evitar que la pobreza se cronifique”, añadió la consejera Broto. La habilitación de la Renta Social Básica es uno de los puntos que figuran entre los acuerdos para la investidura del presidente de Aragón, Javier Lambán, entre el PSOE, CHA y Podemos.