Se habla desde hace bastantes semanas de la privatización de
la Residencia de ancianos de Movera en Zaragoza, hoy pública y dependiendo del Instituto
Aragonés de Servicios Sociales (IASS).
Otra barbaridad más que se alienta con una baja ocupación del
edificio mientras hay miles de aragoneses pendientes desde hace entre 2 y 3
años a recibir ayudas a la dependencia, entre las que se incluyen acceder a una plaza en
residencias públicas de ancianos.
Es vergonzoso que con una calificación máxima de
dependencia, con 90 años de edad y sin hijos, no se preste ayuda a una anciana
aragonesa que tienen aprobados todos sus informes de la DGA y Ayuntamiento de
Zaragoza desde hace dos años. Soltera e inválida, ingresa en una Residencia privada en donde paga 2,5 veces su pensión mensual, mientras pueda pagarla con sus ahorros. Pero volvamos a Movera.
A los actuales errores se unen los anteriores, creados desde
una DGA que no entendía que gestionar lo público requiere a veces de contundencia.
No es admisible NUNCA que para atender a 140 internos se
tengan que emplear a 130 trabajadores, pues la contabilidad del servicio
siempre será inadmisible. Y por ello, en cuento entren los conservadores a
analizar costes, las soluciones siempre serán las privatizaciones amparadas en
la rentabilidad y la mala gestión anterior.
Un servicio público lo pagamos entre todos. Puede y debe ser
deficitario en su contabilidad, pero siempre debe ser posible defenderlo dentro
de parámetros de control y gestión profesional. Si para cada interno tenemos
que tener un trabajador, más unos costes añadidos de alimentación, servicios y
amortización del edificio, es imposible compararlo con ningún otro precio
privado de muy alta calidad. Y la defensa de lo público nos resulta imposible.