La obsesión de los gobiernos populares por manejar el agua de los ríos, pantanos o embalses aragoneses llega a desquiciarme. Sabemos que el agua es el elemento vital para nuestro desarrollo, actual y futuro, y los 6.550 hectómetros cúbicos de reserva acordada nos lo garantiza.
El recurso del gobierno de Rajoy al Tribunal Constitucional, solicitando la suspensión de la Ley de Aguas que garantiza esa caudal, aprobada en nuestro Estatuto de Autonomía, es una nueva afrenta a los aragoneses. No es bastante con la continua amenaza de un trasvase, que ahora son ellos quien deciden cómo y cuánto tenemos que beber, o... ¿quizás esto sea una premonición al siguiente paso, que será el trasvase. Ese anhelado objeto de deseo que se encuentra en los genes de los populares?
Sabido es que respetar ese caudal mínimo de alguna manera imposibilitaría cualquier trasvase. La hasta ahora presidenta del Gobierno aragonés, la popular Rudi, en campaña preelectoral defendió ese caudal (aun que fuera a regañadientes) y recordó que el Consejo de Ministros aprobó un plan para la cuenca del Ebro que garantiza los 6.550 hectómetros. ¿Por qué con Rudi fuera del gobierno, se pasa Rajoy dicho plan por el forro, y donde dijo digo dice ahora diego?
Sería de una bajeza impropia ya no de político y gobernante, sino como persona, que el hecho de paralizar ese acuerdo a través del Constitucional fuera por venganza, al perder el Partido Popular mando en plaza en Aragón. Quedamos a la espera del recurso al Supremo, pero defender nuestro derecho ha de ser misión de todos y todas. Sin fisuras.
Daniel Gallardo Marin