Entrando en un septiembre que nos reportará un conflicto en
el transporte urbano de autobuses en Zaragoza, toca preguntarse por los errores
cometidos por las partes, no tanto para encontrar soluciones, que son muy
complicadas a estas alturas, como para buscar responsabilidades.
La contrata para los Autobuses Urbanos de Zaragoza debería
estar construida sobre unas bases distintas a las actuales. Más complejas y con
mucho más control municipal sobre la empresa adjudicataria. El temar a que no
se presentara ninguna empresa y a que se exigiera el pago de la deuda que por
parte del Ayuntamiento de Zaragoza se mantenía con la anterior empresa (TUZSA)
parecen estar en el eje de unas cláusulas más bien laxas.
No plantear en estas condiciones un control municipal desde
dentro de la empresa y sus Consejos de Administración es un error que pagaremos
caro en forma de precio por kilómetro y en un aumento de conflictos.
Por parte de la empresa y de los trabajadores se busca
cambiar el estatus que había, de un Comité de Empresa fuerte frente a una dirección
muy dura. Simplemente se busca que Urbanos de Zaragoza sea una empresa como las
que surgen con la actual crisis económica, sin tantos derechos laborales y
sueldos más bajos.
La responsabilidad de Ayuntamiento de Zaragoza (del PSOE que es quien
únicamente firma la contrata sin pasar por el Pleno) una vez que no ha sido
capaz de sentar unas bases de control debería ser la de garantizar el servicio a los
ciudadanos de Zaragoza. Y si no es así, se pagará políticamente la incapacidad. Por cierto, la reforma de líneas de agosto casi nada tiene que ver con el tranvía y sí mucho con rebajar el déficit de la contrata a costa de un peor servicio al ofrecer menos kilómetros. Y digo peor servicio al no haberse estudiado con profesionalidad los recorridos a modificar y si haciendo caso a algunas AVV potentes, que son las que han marcado y asumido los recortes.