Salta ahora que 35 residencias de ancianos en Aragón tienen graves deficiencias en algunos casos totalmente ilegales lo que ha llevado al cierra de 25 de ellas, que ya estaban apercibidas del cierre con el anterior gobierno de Aragón gestionado por el PSOE.
El grado de calidad asistencial, humana, sanitaria o de limpieza en algunas de ellas es vergonzoso, como saben los responsables, los trabajadores, los inspectores y las familias de los internos. Es una vergüenza que en el siglo XXI se trata a los ancianos como trastos que molestan, olvidándonos que son personas y en todos los casos gentes que entregaron lo que supieron o pudieron por tener todos hoy, lo que tenemos.
Son 175 las personas que hay que reubicar en Aragón, pero tendrían que ser bastantes más si se aplicara con rigurosidad simplemente la ley que nos hemos dado todos.
Las inspecciones tienen que ser más frecuentes y sin avisar, y se debe encuestar a las familias y analizar costes que permiten analizar resultados. Y controlar los abusos en algunos precios, totalmente imposibles de asumir por muchas familias. La solución debería pasar por la creación de más plazas públicas.
