22.11.15

El Gobierno de Aragón y los desahucios de viviendas

José Luis Soro, Consejero de Vivienda de Aragón, ha comunicado que desde que tomó posesión en julio 2015, se ha enfrentado su Consejería a 63 lanzamientos judiciales de desahucio, y que se ha dado solución a 34 de estas familias y en otros 25 casos se está en estos momentos en tramitación la solución. Del total, sólo 10 han sido hipotecarios, y el resto, 52, han sido desalojos por falta de pago del alquiler, la principal "patología" actual de los desahucios, declarando ante una pregunta de Podemos que en su departamento se sienten "muy satisfechos" por las 34 familias a la que se ha podido dar una vivienda (cuatro de ellas renunciaron) y ha asegurado que su principal "agobio actual" es encontrar una solución para los 25 casos que aún se están tramitando.
                               
En la misma declaración ha insistido en que los desahucios no dependen del Gobierno, que lo único que puede hacer es reunirse con las entidades bancarias para que se comprometan a no hacerlo, y que en el caso de las viviendas alquiladas por particulares el problema es otro, pues los propietarios tiene todo el derecho a cobrar.
                               
Nuestras competencias —ha insistido Soro— son las de buscar alternativas aunque asegurado que sin unos presupuestos aprobados con dotación suficiente el Gobierno de Aragón desde su departamento de Vivienda será "incapaz" de afrontar esta "emergencia social" explicando además que casi 4.000 personas han solicitado acceder a la bolsa de vivienda de alquiler social y "desgraciadamente" esta solo tiene 285 viviendas aceptadas, aunque eso no significa que todas puedan ser ocupadas, porque 80 de ellas están en municipios sin demanda o necesitan unas reparaciones para las que no hay presupuesto. Por eso, Soro ha dicho que está hablando con los bancos, para que aporten viviendas, y con el Sareb, que mediante un convenio ofreció 80 pero que "ninguna ha servido" por presentar deficiencias que son imposibles de solucionar.

Además, el consejero ha relatado que el plan de subvenciones al alquiler contaba con un presupuesto de 4,7 millones de euros y que para esta cuantía se han recibido casi 9.000 solicitudes, de las que se han podido atender 3.364, lo que supone que 4.603 familias han tenido que quedar fuera, hasta que se aprueben los Presupuestos del año 2016.

Nadie duda que la vivienda es un derecho humano y los poderes públicos deben tener la obligación de dotar de una solución habitacional a todas las personas en riesgo de perderla o de no tenerla. Como nadie duda tampoco que no es fácil ni barato y que esto hay que conjugarlo con los presupuestos suficientes para ello.

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